Hay que instar leyes y normas para penalizar a que
quienes estando en posición de decidir y actuar con el mejor conocimiento y
medios perjudiquen a la inmensa mayoría o a quien sea.
Si
la economía funcionara eficientemente en base a la economía real productiva, el
crecimiento normal estaría entre el 1,5 y el 4,5%. Este sería el marco de
referencia de incremento de precios, dejando al margen la economía de casino. Quizás
tardemos un poco en acoplarnos al nuevo y extraordinario escenario, si bien el
esfuerzo será bueno.
Se debiera establecer una
normativa y procedimiento ético legal, con límites a los beneficios, pues si
perder tiene fondo, ganar debiera tener techo. Las diferencias de excedentes de
precios armonizados entre países, además de los beneficios que se generen de
cualquier actividad de la cadena productivo económica, se debería y
podrían invertir en las respectivas diferentes localizaciones
geográficas, según el consumo en la cadena productiva de inicio a fin. De este
modo se dispersaría el conocimiento y la riqueza, equilibrando los
ingresos, invirtiendo en beneficios sociales para todos los ciudadanos entre
países, además de generar empleo local, evitando excedentes, infrautilización o
el mal aprovechamiento de los recursos y medios en todos los ámbitos.
Los gobernantes, dirigentes, economistas influyentes y los
medios de comunicación, evitan
directamente mencionarlo, no saben, no dicen o no pueden haciendo mutis por el
foro, pues también son reos del monopolio y dictadura del dinero que ejerce la
banca, dirigiendo las vidas de los seres humanos.
No
parece buena idea y remedio que el BCE preste al FMI para que este lo preste a
los Estados europeos en dificultades, sorteando así el monopolio y las
dificultades de los banqueros por las graves carencias en la formulación del
sistema que son una de las causas de la crisis económica.
Resulta un abuso de posición de dominio insostenible e
ilegítimo, que los estados europeos y del mundo en general, se tengan que
endeudar con la banca privada pagando intereses por la emisión de su propio
dinero que es el de los ciudadanos. En la UE, el apartado 21.1 del artículo 123
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, impide a los Estados
financiarse directamente con la emisión de su propio dinero que es el de todos
los ciudadanos, sino es a través de la banca privada pagando intereses.
No parece razonable que los Estados, como organización de
equilibrio y punto de encuentro de los intereses de todos, beneficien a nadie
en perjuicio de la inmensa mayoría, asegurándoles además Constitucionalmente,
los beneficios y el cobro preferente a la industria bancaria su negocio
privado.
Bien puede parecer, que la industria bancaria se reserve en
exclusiva financiar la actividades privadas en general, siempre que se impida
el monopolio, con leyes que eviten su quiebra y la distorsión de los mercados y
los precios, garantizando evitar la imposición de dominio de su mayor
conocimiento y medios a los ciudadanos consumidores en cuanto a sus necesidades
financieras.
Así, si queremos resolver los graves problemas de la crisis
económica Europea y del mundo, los gobernantes y dirigentes, deberían empezar por abolir el apartado 21.1 del artículo 123 del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea, que impide a los Estados financiarse
directamente a coste 0 con la emisión de su propio dinero.
